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Millonaria demanda a Colombia por proteger a Caño Cristales.

La empresa Hupecol Operating Co. demandó a la nación. Quiere más de $83.000 millones como reparación directa por los perjuicios que, en su criterio, causó la cancelación de la licencia que había obtenido para explorar 150 pozos petroleros en la Sierra de La Macarena, a 68 kilómetros de Caño Cristales, “el río de los cinco colores”. Según la compañía estadounidense, la revocatoria del permiso generó $20.881 millones en pérdidas por las inversiones que ya se habían hecho para el proyecto, y $62.177 millones por lucro cesante, razón más que suficiente —en su criterio— para pedirle al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que proteja sus intereses.

De esta manera, la nación comienza a afrontar un pleito multimillonario por cuenta de la decisión de cuidar una de sus reservas naturales más importantes. Una determinación, entre otras, enrevesada, pues se tomó apenas un mes después de que la ANLA le diera luz verde a Hupecol para empezar con la exploración, con la Resolución 286 del 18 de marzo de 2016. De acuerdo con la demanda, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) sabía de las intenciones de Hupecol de ingresar a la zona desde el 26 de julio de 2010. Por eso, sostiene la compañía, su oposición a la iniciativa en 2015 fue incomprensible.

Hupecol sostiene, en su demanda de 60 páginas radicada el 6 de octubre de 2016 y conocida por El Espectador, que hicieron todo el debido proceso para obtener la licencia de exploración en un área entre La Macarena y La Uribe (Meta); que el concepto que presentó Cormacarena, en el que declaró no viable el proyecto exploratorio, llegó por fuera del tiempo establecido por la ley, y que la ANLA revocó la licencia con base en dos solicitudes de revocatoria que no tenían sustentos científicos. Se referían a los recursos radicados por el concejal de La Macarena Pedro Posada y por María Elena Rosas, quienes habían sido aceptados por la ANLA como “terceros intervinientes” en el asunto de esta licencia ambiental.

 “Hupecol contaba con un potencial de hallazgos de hidrocarburos en el bloque Serranía del orden de 36 millones de barriles recuperables en un caso intermedio, y 150 millones de barriles en el mejor de los casos, lo cual significa un proyecto con ganancias antes de impuestos de entre US$152 millones y US$859 millones. Esto quiere decir que Hupecol debía invertir a lo largo de la vida del proyecto, para extraer de los yacimientos las cantidades antes mencionadas, entre US$229 millones y US$506 millones”, señaló Petrotech.

Por último, Hupecol señaló que la oposición de Cormacarena a la licencia había sido “ostensiblemente extemporánea”, pues durante el tiempo que la ANLA estudió si otorgaba o no el permiso a Hupecol, Cormacarena no la notificó de su postura. No obstante, en abril de 2013, la entidad sí había advertido que, si la ANLA planeaba permitir esta exploración petrolera, debía “determinar todas las medidas necesarias para mitigar, prevenir y controlar los impactos ambientales que se (podían) presentar por llevar a cabo dicha actividad”. Aun así, para Hupecol, el pronunciamiento de Cormacarena no era vinculante, y por eso la ANLA no debió tenerlo en cuenta.

 

 

Fuente: elespectador.com

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